Cierre de hoteles por la COVID: qué resolvió el Supremo sobre la responsabilidad patrimonial y qué sigue siendo reclamable

Urbanismo Actualizado el 16 de octubre de 2026

No: el Tribunal Supremo ha desestimado, sin excepciones conocidas, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado por el cierre de hoteles y negocios de hostelería durante la COVID. Lo dijo por primera vez en la STS 1360/2023, de 31 de octubre, y lo ha repetido en 2024, 2025 y 2026: las medidas fueron necesarias y proporcionadas, y el daño era de los que hay que soportar (art. 32.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). Lo que sí sigue vivo es la responsabilidad por actos concretos de la Administración, con un plazo de un año para reclamar.

En 2022 defendimos aquí lo contrario: que cerrar un hotel por orden del Gobierno era una expropiación temporal que debía pagarse. Los tribunales no lo han visto así, y preferimos decírtelo claro.

Respuesta rápida

Los hoteles que reclamaron al Estado por los cierres de 2020 y 2021 han perdido: el Supremo considera que las medidas fueron proporcionadas y que ese daño no era antijurídico. Además, el plazo de un año venció hace tiempo. Hoy sí puede reclamarse un daño causado por un acto concreto: una licencia anulada, una demora injustificada o un cierre individual ilegal.

Datos clave

  • ■Cierre de alojamientos turísticos: Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, dictada al amparo del art. 10.6 del RD 463/2020
  • ■Primera sentencia del Supremo: STS 1360/2023, de 31 de octubre (rec. 453/2022), desestimatoria
  • ■Inconstitucionalidad del primer estado de alarma: no es «por sí misma» título para reclamar (STC 148/2021, FJ 11)
  • ■Plazo general para reclamar: 1 año desde el daño o desde que se manifiesta (art. 67.1 Ley 39/2015)
  • ■Urbanismo: la anulación de licencias y la demora injustificada en otorgarlas dan derecho a indemnización (art. 48.d TRLSRU)

En este artículo

  1. Qué reclamaron los hoteles
  2. Qué ha dicho el Supremo
  3. El papel del Tribunal Constitucional
  4. Por qué no fue una expropiación
  5. Si se puede reclamar hoy
  6. Qué sigue siendo reclamable
  7. Preguntas frecuentes

Antes de entrar en detalle: la responsabilidad patrimonial es la obligación de la Administración de indemnizar los daños que causa y que no tienes el deber jurídico de soportar; en urbanismo, la ley añade una lista de supuestos indemnizables. Aquí nos centramos en los cierres de hoteles por la pandemia.

¿Qué reclamaron los hoteles al Estado por los cierres de la COVID?

Reclamaron los gastos fijos y el beneficio perdido durante los meses de cierre. La base era el Real Decreto 463/2020, que declaró el primer estado de alarma, y la Orden SND/257/2020, que suspendió la apertura al público de hoteles, alojamientos turísticos y campings.

Los argumentos eran tres: el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, que reconoce derecho a indemnización «de acuerdo con lo dispuesto en las leyes»; la inconstitucionalidad parcial de los dos estados de alarma; y la idea de que el cierre equivalía a expropiar temporalmente el derecho a explotar el hotel. Como la decisión era del Consejo de Ministros, los recursos fueron directamente al Tribunal Supremo.

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad patrimonial por los cierres?

Que no hay derecho a indemnización: las medidas fueron necesarias, adecuadas y proporcionadas para proteger la salud y afectaron a toda la sociedad, así que el daño no es antijurídico.

La primera sentencia fue la STS 1360/2023, de 31 de octubre (recurso 453/2022), sobre el cierre de una empresa hotelera en el primer estado de alarma. Según el Consejo General del Poder Judicial, razonó así:

  • Estado legislador. Los reales decretos del estado de alarma tienen valor de ley, así que se aplica el régimen del art. 32.3 de la Ley 40/2015, mucho más estricto que el general.
  • El art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 no crea un régimen propio: remite a los requisitos de siempre.
  • Principio de precaución. Con la salud en juego, es quien reclama el que debe probar que las medidas no estaban justificadas.
  • Ayudas, no indemnizaciones. La reparación de los sectores más castigados fueron las ayudas públicas.

Después vinieron muchas más, en la misma línea. Estas las hemos comprobado en el CENDOJ:

Sentencia Recurso Qué resolvió
STS 1360/2023, de 31 de octubre 453/2022 Primera sentencia: empresa hotelera. Desestima
STS 533/2024, de 3 de abril 944/2022 Restauración. Medidas razonables y proporcionadas. Desestima
STS 689/2024, de 24 de abril 498/2023 Hostelería. Rechaza también la vía de la expropiación forzosa. Desestima
STS 19/2026, de 15 de enero 716/2024 Varias sociedades de restauración. Desestima

Según el Poder Judicial, a 30 de marzo de 2024 el Supremo había resuelto 679 recursos de empresas por los cierres, sin estimar ninguno. La sentencia de 2026 confirma que la línea sigue.

¿No declaró el Tribunal Constitucional inconstitucional el estado de alarma?

Sí, en parte, pero el propio Tribunal Constitucional advirtió que esa inconstitucionalidad no basta para reclamar: las medidas eran de las que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar.

La STC 148/2021, de 14 de julio, anuló las limitaciones a la libertad de circulación del art. 7 del RD 463/2020 y un inciso de su art. 10.6. Pero su fundamento jurídico 11.c) añadió que esa inconstitucionalidad «no será por sí misma título para fundar reclamaciones» de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio del art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981.

La STC 183/2021, de 27 de octubre, sobre el segundo estado de alarma (Real Decreto 926/2020), anuló la prórroga de seis meses y la delegación en los presidentes autonómicos, pero consideró proporcionadas las limitaciones de derechos. Y precisó que la nulidad no afecta por sí sola a los actos dictados durante su vigencia.

Lo que dice la ley

Cuando el daño viene de una ley declarada inconstitucional, el art. 32.4 de la Ley 40/2015 exige además que el afectado haya obtenido una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación que le causó el daño, alegando ya entonces esa inconstitucionalidad. Muy pocos hoteles cumplían ese requisito.

¿Por qué el cierre no se consideró una expropiación?

Porque no hubo una privación singular de bienes o derechos, sino una restricción general para todo un sector y toda la población. Que el ayuntamiento te ocupe una parcela siempre se paga; que una norma general limite temporalmente el uso de tu propiedad, solo si la ley lo prevé.

Era el núcleo de nuestro texto de 2022, que invocaba el art. 120 de la Ley de Expropiación Forzosa. El Supremo lo ha descartado desde la primera sentencia: no hubo procedimiento expropiatorio, ni ocupación, ni destrucción de bienes concretos.

¿Tienes un daño causado por un acto concreto de la Administración?

Una licencia anulada, una apertura que no llega o un cierre impuesto solo a ti. Revisamos si se cumplen los requisitos y si estás en plazo.

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¿Se puede reclamar hoy por los cierres de 2020 y 2021?

En la práctica, no. A la doctrina del Supremo se suma el plazo: el derecho a reclamar prescribe al año del hecho dañoso o de que se manifieste su efecto lesivo (art. 67.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común).

El segundo estado de alarma terminó el 9 de mayo de 2021. Incluso el plazo especial de un año desde la publicación de la STC 183/2021 (art. 67.1, párrafo tercero) se agotó en noviembre de 2022. Una reclamación nueva hoy llegaría, con toda probabilidad, fuera de plazo.

Ojo con esto

Si alguien te propone hoy reclamar por los cierres, pregúntale cómo superará el plazo y al Supremo. Perder no es gratis: en la primera sentencia se impusieron las costas al hotel, hasta 4.000 euros.

¿Qué sigue siendo reclamable a la Administración?

Los daños causados por actos concretos, no por normas generales: una licencia anulada, una demora injustificada o un cierre impuesto solo a tu establecimiento y luego anulado.

Los requisitos generales están en el art. 32 de la Ley 40/2015: un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, causado por el funcionamiento de un servicio público, que no tengas el deber jurídico de soportar. La indemnización se actualiza con el Índice de Garantía de la Competitividad, más intereses de demora (art. 34).

En urbanismo, el art. 48 del texto refundido de la Ley de Suelo enumera supuestos que dan lugar «en todo caso» a indemnización. Para un hotel o un negocio con local propio, estos son los relevantes hoy:

Supuesto Ejemplo Base legal Plazo para reclamar
Anulación de la licencia Anulan la licencia de obras o de actividad del hotel Art. 48.d TRLSRU 1 año desde la sentencia o resolución firme (art. 67.1 Ley 39/2015)
Demora injustificada o denegación improcedente La licencia se retrasa sin causa o se deniega indebidamente Art. 48.d TRLSRU 1 año
Cambio de planeamiento que extingue la licencia Un nuevo plan deja sin efecto tu licencia Art. 48.c TRLSRU 1 año
Vinculación singular Una limitación singular del uso o la edificabilidad de tu edificio Art. 48.b TRLSRU 1 año
Cierre individual ilegal Una clausura de tu negocio anulada después por un tribunal Arts. 32 y 34 Ley 40/2015 1 año desde la sentencia firme

Un matiz importante: que se anule un acto no da derecho automático a indemnización (art. 32.1 Ley 40/2015), y en la anulación de licencias no la hay si hubo dolo, culpa o negligencia graves del perjudicado (art. 48.d TRLSRU). En la práctica, muchas se pierden por el plazo o por no probar el daño.

Un caso cercano, el de una norma que suspende derechos durante años, lo analizamos al hablar de la responsabilidad de la Generalitat por suspender las expropiaciones rogadas. Y si tu problema es de licencias o planeamiento, en nuestra página de abogados de urbanismo explicamos cómo trabajamos.

Preguntas frecuentes sobre la responsabilidad patrimonial por el cierre de hoteles

¿Ha ganado algún hotel la reclamación al Estado por los cierres de la COVID?

No que conste. El Supremo desestimó la primera reclamación, de una empresa hotelera, en la STS 1360/2023, de 31 de octubre, y ha mantenido el criterio en las posteriores, al menos hasta la STS 19/2026, de 15 de enero.

¿Puedo reclamar ahora, en 2026, por el cierre de mi hotel en 2020?

Muy difícilmente: el plazo es de un año (art. 67.1 Ley 39/2015), venció como tarde en 2022, y la jurisprudencia del Supremo es contraria.

¿Es verdad que el art. 3.2 de la ley de estados de alarma obliga a indemnizar?

No. Según el Supremo, ese artículo remite a las leyes generales y no crea un derecho propio: hay que cumplir los mismos requisitos, incluido que el daño sea antijurídico.

¿Cuánto cuesta perder una reclamación de responsabilidad patrimonial?

Además de tu abogado y tu perito, puedes tener que pagar las costas de la Administración. En la primera sentencia de los cierres, el Supremo se las impuso al hotel con un límite de 4.000 euros.

¿Qué plazo tengo si me anulan la licencia de mi negocio?

Un año desde que se te notifica la resolución administrativa o la sentencia definitiva que anula la licencia (art. 67.1, párrafo segundo, Ley 39/2015). El derecho a indemnización está reconocido en el art. 48.d TRLSRU, salvo dolo, culpa o negligencia graves tuyas.

¿Y si la Administración no contesta a mi reclamación?

Pasados seis meses sin resolución, puedes entenderla desestimada (art. 91.3 Ley 39/2015) y recurrir ante los tribunales. Si decide el Consejo de Ministros, el recurso va directamente al Tribunal Supremo.

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Glosario rápido

Responsabilidad patrimonial
Deber de la Administración de indemnizar los daños antijurídicos que causa.
Estado legislador
Responsabilidad por daños causados por normas con rango de ley (art. 32.3 Ley 40/2015).
Daño antijurídico
El que no hay obligación legal de soportar. Sin él no hay indemnización.
Prescripción
Pérdida del derecho a reclamar por no ejercerlo en plazo: un año (art. 67.1 Ley 39/2015).

Fuentes oficiales consultadas

Última actualización: octubre de 2026. Reescritura completa del artículo de octubre de 2022: incorpora la jurisprudencia del Supremo de 2023 a 2026, las SSTC 148/2021 y 183/2021 y lo que hoy sigue siendo reclamable. Se retira la tesis de 2022 sobre la expropiación temporal de la actividad hotelera.

Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento jurídico personalizado. Plazos, requisitos y criterios judiciales dependen de cada caso y pueden cambiar. Si necesitas orientación sobre el tuyo, contacta con el despacho.

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